Todos tenemos en mente el grito que da título a este escrito cuando se trata de una emergencia, una catástrofe o simplemente la evacuación de algún lugar público. Según esta consigna los primeros en recibir ayuda o los primeros en ser puestos a salvo deberían ser mujeres y niños. Damos por sentado que esto ha sido así desde hace siglos, incluso que es un principio universal de comportamiento y de protección ante colectivos especialmente vulnerables. Nadie pone en duda que los niños y las mujeres deberían ser objetivos prioritarios de protección. Nada más lejos de la realidad.
Nuestra cultura occidental ha sido muy poco protectora en lo referente a la infancia.
Desde la Antigua Roma hasta bien entrado el siglo XIX, el niño o la niña no era considerado persona hasta que podía ser útil a la sociedad realizando algún tipo de trabajo. Por esta razón la incorporación de la infancia a labores productivas se realizaba en torno a los cinco o seis años, edad suficiente para que fuera autónomo para hacer pequeños recados o tuviera la suficiente fuerza para caminar o acarrear pesos. El concepto del hijo como «propiedad» de los padres (esencialmente como propiedad del progenitor varón) lo asimilaba a un objeto más a disposición del padre, un objeto que podía ser desechado o utilizado a conveniencia. Durante siglos podemos encontrar anécdotas, relatos o cuentos (como Hansel y Gretel y muchos más) que nos describen cómo son de prescindibles los hijos en una situación de emergencia.
No es hasta la revolución industrial (y debido a los abusos cometidos en las fábricas) que comienza a surgir la conciencia de la necesidad de tomar medidas que aseguren el correcto desarrollo del niño y la niña como personas. La primera legislación en cuanto a la protección del menor en el lugar de trabajo data de mitad del siglo XIX en Francia restringiendo algunas labores no adecuadas para niños. Y no es hasta 1881 que no se reconoce el derecho (que no obligación) a la educación de los niños en Francia.
Pasada la Primera Guerra Mundial y valorados los estragos causados no solo entre los combatientes sino también entre los niños y niñas lejos del campo de batalla, la Liga de las Naciones redacta en 1924 la Declaración de los Derechos del Niño, un pequeño documento de cinco artículos en el que se describen derechos tan básicos como la alimentación, el desarrollo personal, a no ser explotado laboralmente, a ser educado y a ser el primero en recibir socorro en caso de emergencia. El grito de «¡Las mujeres y los niños, primero!» data de apenas un siglo. Y no era un documento que comprometiera a los Estados ni mucho menos a las personas individuales a su cumplimiento.
Tendremos que sufrir una Segunda Guerra Mundial para que la ONU redacte otro documento de Declaración de los Derechos del Niño (1959), algo más extenso (diez principios) pero que no pasó de ser un documento meramente orientativo. Pasarán otros 30 años (1989) para que la ONU redacte la Convención de los Derechos del Niño con carácter vinculante para aquellos Estados que firmaran este documento. España lo ratificó en 1990.
Podemos contar que hasta 2019, 196 países han ratificado esta Convención comprometiéndose a aplicar en su sistema legislativo una protección especial a la infancia.
Treinta años después podemos estar satisfechos de que el camino recorrido para proteger a la infancia es el correcto: se ha hecho mucho más por los niños y niñas en estos últimos 30 años que en los últimos 20 siglos. Pero no podemos estancarnos. Debemos seguir trabajando para ir transformando las palabras escritas en acciones concretas de forma que nuestros niños y niñas se desarrollen de forma equilibrada en todos los ámbitos de su existencia, asegurando un presente y un futuro mejor no solo para los menores sino para toda la sociedad.
Formándote como Técnico Superior en Educación Infantil o como Técnico Superior de Integración Social podrás profundizar en este y otros temas y aplicarlo a tu futuro profesional.